Tras muerte en lío por tierras, los indígenas exigen al INRA frenar dotación en Santa Cruz
Fuente: EL DEBER
Conmocionados por la primera muerte derivada del conflicto de tierras, los indígenas de la Chiquitania exigieron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) paralizar la dotación de nuevos predios en el departamento de Santa Cruz e iniciar un proceso de revisión para evitar más enfrentamientos en la región. Este no es el único pedido, fuentes del sector solicitaron a políticos y cívicos no atizar más el conflicto. Mientras tanto, el Gobierno tiene previsto entregar títulos de propiedad a varias comunidades campesinas en el marco de las celebraciones por el 2 de agosto; el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria.
En paralelo la Gobernación tiene previsto instalar la Comisión Agraria Departamental (CAD) instancia donde se busca dar una solución al conflicto por la tierra aunque el INRA tiene resuelto no participar pese a estar obligado por Ley. Desde hace varios meses la tenencia de la tierra generó fricciones entre indígenas chiquitanos y los interculturales, que abiertamente tienen el apoyo del partido de Gobierno: el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Este grupo, se ha visto favorecido con la dotación en zonas donde ya habitan varias comunidades nativas. El conflicto dejó su primera víctima. Lino Peña Vaca, de 78 años, que supuestamente murió por secuelas de los golpes que recibió de interculturales el 5 de julio.
Ese día Peña fue agredido cuando acudió a defender su comunidad tomada por campesinos, con el aval del INRA. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó al INRA de dotar irregularmente tierra ya ocupada por indígenas a un grupo de interculturales.
“El chiquitano Lino Peña Vaca, de 78 años, murió ayer luego de ser golpeado brutalmente el 5 de julio por un grupo de interculturales. El INRA dotó irregularmente la tierra de los chiquitanos a un grupo de interculturales ligados al MAS”, dijo. “Seguiremos buscando soluciones dentro de la ley y la legalidad”, añadió el gobernador cruceño. Por su parte, el INRA emitió un comunicado de prensa para indicar que existe una actitud maliciosa de parte de Camacho que busca culpar a la institución por la muerte de esa persona.
“Exigimos que se deje de utilizar este tema con fines políticos y respetar el dolor de la familia Peña Vaca”, señaló el comunicado. Incluso la entidad agraria, reveló que la víctima “no figura en los registros de beneficiarios de ninguna de las dos comunidades” que mantienen la disputa territorial.
El documento respalda la versión del ministro Del Castillo, que mediante un acta de defunción dijo que Peña murió por secuelas del coronavirus y no a raíz del enfrentamiento con los interculturales.
“En honor a la verdad, esta información es falsa, el señor Lino falleció por un choque séptico, neumonía grave y fibrosis pulmonar a causa del Covid-19, como lo corrobora el Certificado Médico Único de Defunción Nº 7058 y el informe médico realizado por la Dra. Amanda Soliz”, posteó Castillo en su cuenta de twitter.
Luego dijo que como Gobierno “nos adherimos al dolor de la familia, y extendemos nuestro apoyo total en estos momentos tan difíciles. Rogamos no desinformar a la población en temas tan delicados”, añadió Del Castillo. No obstante, el subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage, que es médico de profesión, y que curó las heridas del anciano en contacto telefónico con EL DEBER, explicó que en los siguientes 15 días las lesiones del hombre se complicaron.
Según el médico esas heridas terminaron afectando el pulmón, lo que derivó en una neumonía y luego en una septicemia. Lino Peña murió en la capital cruceña, lejos de su tierra.
Piden frenar dotación
Lázaro Tacoo, presidente de la Coordinadora de la Nación Chiquitana, lamentó la muerte de Peña y exigió al INRA frenar la dotación de nuevos predios en Santa Cruz hasta no solucionar los conflictos.
El dirigente acusó a la entidad de suspender una inspección en las zonas en conflicto fijada para el 5 de julio, en la que iban a participar el comisionado de las Naciones Unidas y representantes de los Derechos Humanos para exponer los problemas existentes en la política de dotación de tierras que margina a los indígenas.
“El INRA mandó una carta diciendo que no tenía personal y estaba capacitando a 50 técnicos y por eso suspendieron la inspección. Pero después dio curso para que los interculturales se asienten”, señaló. Es más, según el dirigente, el INRA ordenó el desalojo de indígenas de la comunidad San Joaquín, en el municipio de San Miguel.
“La institución fue a notificar a nuestros hermanos originarios y les dio 72 horas para que salgan y se dote esos terrenos a campesinos del interior”, reveló.
No es el único caso, en la comunidad de Pailoncito sus habitantes se escondieron dos días en la selva, después que el INRA y la Fiscalía llegaran a desalojarlos para entregar su tierra a las Bartolinas, organización afín al MAS. El secretario de Tierra y Territorio de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Daniel Rutani, también lamentó el fallecimiento de Peña y dijo que es hora de que las autoridades y el sector indígena pongan las cartas sobre la mesa para evitar más muertes.
“No estamos contra el Gobierno, lo que queremos es salir de este fango en el que estamos”, señaló. Aseguró que estos problemas se deben a la pésima gestión del INRA en años anteriores, que no priorizó la dotación a indígenas e incluso asignó tierra a interculturales sobre comunidades ya existentes.
“En Pailoncito desde 2006 tenía su hoja de ruta lista, pero nunca nos dieron una resolución. Después vienen las Bartolinas, en 2017, y les dan una resolución en el mismo lugar”, dijo.
Ante un escenario conflictivo, el dirigente sostuvo que es necesario frenar los asentamientos y dotaciones de tierra fiscal en Santa Cruz. “Pedimos que se pare la dotación y titulación mientras el territorio indígena no se termine de sanear. No es justo que otras personas vengan y tengan territorio”, afirmó.
Fernando Rojas, gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco, aseguró que la intromisión política avivó más estos conflictos. El líder indígena dijo que cuando comenzó el asentamiento en la comunidad Ebenezer los interculturales se comprometieron a no seguir trabajando en los terrenos hasta solucionar el lío por vía legal.
“Los políticos caldearon los ánimos. Hay que saber hablar y buscar un punto neutral”, dijo. Incluso sostuvo que una comisión de la CIDOB y la Organización Indígena Chiquitana (OICH) hizo una inspección en el lugar y se acordó esperar la llegada del INRA para buscar una solución. “Luego se metieron los cívicos, el subgobernador, los diputados. El enfrentamiento se produjo cuando ellos fueron a la comunidad y se caldearon los ánimos de ambos bandos. Nosotros quedamos en el medio”, dijo. Además, denunció que la antigua dirigencia indígena apoyó el asentamiento de interculturales en el espacio que ocupa hace años la comunidad Ebenezer. Otros miembros del sector indígena señalaron que las posiciones encontradas de cívicos, autoridades cruceñas y sectores afines al Gobierno central, echaron más gasolina al conflicto.
“Los políticos hablan un mucho y no ayudan a las comunidades ni hacer actas o ponerles abogados. Mientras los interculturales tienen asesores legales, acá los políticos no hacen nada”, indicaron.
Sobre el conflicto territorial, el INRA, dijo que ambas comunidades Jerusalén III y Ebenezer cuentan con resoluciones de asentamiento desde el año 2017.
ORIGEN DEL CONFLICTO
ANTECEDENTES
El enfrentamiento de los chiquitanos con los interculturales se dio luego de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dotara la tierra de los indígenas del oriente boliviano a los interculturales, organización social que se autodefine como afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Los chiquitanos viven y trabajan en la comunidad Ebenezer desde hace 20 años. En 2016 solicitaron al INRA que les asigne esos predios, pero en 2018 el ente agrario les hizo saber que les dotó tierras, pero en otro lugar, en San José de Campamento (Alto Paraguá), a 200 kilómetros de donde viven. Y ese predio que habitan por años, se los entregó a los interculturales, de la comunidad Jerusalén III.Días después el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, exigió a la Fiscalía la “inmediata aprehensión de Domitila Hurtado”, una cacique chiquitana a quien acusó de incentivar el avasallamiento a la comunidad Jerusalén III.
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