Confirman que se creó una «Aduana Paralela; para ingresar a Bolivia

Estiman cobros de 150.000 pesos por camión que ingresaba a Bolivia sin que las autoridades argentinas ni la Aduana Nacional boliviana hiciera nada al respecto. Ni Karina Serrudo, presidenta nacional de la Aduana, ni María Lourdes Aldana, de la Regional Cercado, señalaron nada al respecto.

FUENTE: El País de Taríja.

La investigación sobre la fortuna del intendente de Salvador Mazza, Rúben Méndez Salazar, acusado de enriquecimiento ílicito, ha derivado en una constatación: se creó una «Aduana paralela» para ingresar a Bolivia a la vista de todo el mundo y sin que nadie hiciera nada por evitarlo a ningún lado de la frontera.

Así lo señala una investigación del diario El Tribuno en su artículo «El contrabando masivo, un negocio para pocos en la frontera norte«, que refleja cómo diariamente cientos de de argentinos -incluidos mujeres y niños- llevan la mercancía ilegal hacia Bolivia. Las autoridades de la Aduana Nacional de Bolivia aún no se han pronunciado.

Mientras tanto, la mercadería argentina de contrabando sigue penetrando libre por las fronteras tarijeñas y del resto del país, llegando a copar los mercados locales.

«Desde hace unos años, cuando la depreciación del peso llevó a los habitantes de esa localidad a dejar de comprar sus productos en Bolivia para comenzar a vender a través de la extensa frontera seca, se consolidó un negocio millonario: la exportación ilegal de commodities y mercancías, evadiendo todas las tasas nacionales y las retenciones en el caso de los granos, legumbres y productos industrializados de los mismos» empieza diciendo el reportaje de El Tribuno de Salta.

Esta actividad se visibilizó en la pandemia, durante la cual se afianzaron los mecanismos para eludir los controles del Estado, creando en el municipio de frontera una aduana paralela legal para aquellos productos que llegaban con los papeles en orden, en tanto otra funciona para aquellos envíos flojos de papeles, que encubren una venta colosal dentro de los límites del país, pero que en realidad en pocas horas se transforma en una seudoexportación de bienes, pagados en dólares desde la República Plurinacional de Bolivia.

El Tribuno dialogó con diversos vecinos de la norteña localidad, con personal de seguridad, incluso federal, con referentes políticos del municipio y con los vecinos comunes que deambulan en las pobre calles de Salvador Mazza, mercando todo tipo de productos, ya que la pobreza y el trabajo informal en ese lugar de la Argentina tiene números que asustan.

«Millones de pesos pasan por nuestras narices, a toda hora, nada queda en el pueblo, es solo para unos cuantos», dijo una vendedora de un puesto de ropa.

Y su apreciación no es antojadiza, cientos de camiones hacen fila para ingresar a la localidad a diario, desde el sur. Mientras otros tantos lo hacen desde el norte, es decir, desde la república vecina. En ambos casos los transportistas deben oblar una especie de tasa municipal, al estilo aduana, cuyo destino debiera ser el erario municipal.

La cifra que se recauda a diario es un enigma. Pues los papeles que se ingresan a la contabilidad municipal no se condicen con el volumen de ingreso de transportes.

Salvador Mazza no tiene grandes industrias; ni medianas siquiera. Carece de universidades y tiene solo un terciario que dicta -según vecinos- carreras sin salida laboral.

El mayor movimiento económico se encuentra en la extensa línea fronteriza y sus intrincados asentamientos humanos y fincas privadas, todas ellas con acceso a pasos no habilitados. Casi todas estas propiedades facilitan el tráfico de mercancías y personas a toda hora y, según el lugar, el volumen de las transferencias de mercancías. Decenas de camiones a diario convierten una carga de cereal u oleaginosa a granel en casi mil bolsas de arpillera, las que son llevadas en vehículos más chicos hasta los pasos ilegales, así también bebidas y comestibles en general, incluso maquinarias agrícolas. Antes de cruzar, obvio, otra aduana: la del dueño de finca.

Todo es oro, pero para pocos.

El control, también

El contrabando es masivo y la maniobra quedó al descubierto en los primeros meses del 2021. Nuestro matutino se hizo eco del secuestro de decenas de camiones cargados de cereales que tenían como destino fincas improductivas de Salvador Mazza y el Chaco salteño, lindantes con la vecina Bolivia.

Es así que en junio de 2021 se detuvo a un comandante de Gendarmería de Aguaray y a otras personas. Se indicó desde la Justicia que los dueños de la carga a través de los camioneros pagaban sumas de entre 150 y 200 mil pesos por camión, y así avanzaban hacia la frontera con la cobertura federal. Se liberaba la zona para el paso ilegal de los transportistas. El engranaje estaba completo.

Un Intendente multimillonario

La justicia de Salta en conjunto con la policía realizaron allanamientos simultáneos en todas las propiedades a nombre del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, luego de una denuncia web. El resultado del trabajo y los elementos encontrados fue estratosférico: millones repartidos en distintas monedas, armamento, documentación valiosa y autos importados de primera línea. 

Dólares, euros, autos de lujo, armas, documentación y 18 propiedades. Ese fue el resultado del operativo que llevó adelante el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en conjunto con las policías de la Provincia, de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Federal al intendente Méndez que comanda los destinos de la localidad salteña de Salvador Mazza. Los allanamientos se accionaron en todos los lugares que aparecían a nombre del mandatario donde estaban incluidos tanto familiares como allegados. 

En las imágenes que trascendieron se pueden ver las cajas de seguridad que el intendente tenía en su domicilio repletas de dinero. De acuerdo a la información que verificó el medio local El Tribuno, el total del efectivo secuestrado llegaba a 196.032.756 de pesos que se dividían en 854.178 dólares, 9.070 euros y 34.342.350 pesos en moneda local. «Nunca, pero nunca en mi vida, vi tanta guita junta», recogió el medio sobre las declaraciones que se dieron dentro de uno de los domicilios de Méndez. 

Fue la Unidad Fiscal encabezada por la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, los que emitieron la orden de allanamiento que fue autorizada por el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo. Desde esos despachos salió la directiva de registrar los inmuebles a nombre del intendente para verificar la denuncia que se había realizado en la web.

Los allanamientos se llevaron adelante de forma simultánea y se encontró documentación que comprometería al mandatario. También se realizó un rastrillaje en la municipalidad del distrito y en domicilios de algunos funcionarios que formaban parte de su gabinete.